En este año 2009 que España se enfrenta a una dura crisis económica, los agricultores, quienes siempre han estado en crisis, se encuentran en un escenario mucho más luctuoso: en Castilla-La Mancha, el viticultor tradicional está al borde de la desaparición definitiva.

El vino está en las bodegas porque no se dan las condiciones adecuadas para venderse, y lo poco que se vende se hace a precios de hace treinta años. Los agricultores, que vienen soportando una brutal escalada de precios en recursos necesarios para desarrollar su trabajo, se encuentran con que no reciben dinero de sus cooperativas por la recogida de uva, que si consiguen vender algo es al mismo precio de finales de la década de los 70.

La situación es tan dramática como insostenible: a los viticultores trabajar les cuesta dinero, en sus familias no entran ingresos y son más pobres cada día. Muchos agricultores se han visto obligados ya a abandonar el campo y la práctica mayoría apenas va a poder resistir unos meses más.

Consecuencia de la entrada en vigor de la nueva OCM, de la falta de apoyo al sector, de la bajada de precios al productor y de la ausencia de herramientas eficaces de la Administración para la promoción y venta del vino, es que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha va a recibir unos 400 millones de euros menos, lo que perjudica en primer lugar a los vitivinicultores, pero también a las industrias auxiliares y, en general, a la economía de toda la región y con ello a los castellano-manchegos.

Es el momento de actuar, de mojarse, de tomar medidas eficaces y de desterrar para siempre los experimentos y las cortinas de humo que sólo tratan de desviar la atención y de aplazar unos problemas que se agravan irremediablemente con el paso del tiempo.

Hay que salvar al sector vitivinícola tradicional o en La Mancha contaremos por decenas de miles los nuevos parados procedentes del campo y de industrias auxiliares, así como cambiará para siempre la cultura, la economía, la sociedad y la fisonomía de los pueblos de Castilla-La Mancha.

Si se han arbitrado medidas de emergencia para los ayuntamientos, para el sector automovilístico o incluso para los bancos, tan solo falta voluntad política para la adopción de medidas que eviten la muerte del campo manchego y de sus pueblos tal como hoy los conocemos.